NOTARIOS

COMENTARIOS SOBRE LA NECESIDAD DE LOS NOTARIOS DE AUXILIARSE, EN SUS PROCEDIMIENTOS DE PROTOCOLIZACIÓN DE TESTAMENTOS OLÓGRAFOS, DEL PARECER TÉCNICO DE PROFESIONALES DE LA PERICIA CALIGRÁFICA Y LA DOCUMENTOSCOPIA.

Las recientes innovaciones legislativas que amplían el ámbito competencial de los Notarios poniendo a su cuidado funciones que, hasta hace bien poco, les estaban encomendadas a los órganos jurisdiccionales de la Administración de Justicia, colocan, también, a dichos profesionales en un altísimo nivel de responsabilidad propia de una obligación de supervisión que se deriva, como necesario correlato de haberles sido encomendadas labores de naturaleza funcionarial.

Polémicas aparte acerca de si estas novedades impuestas por las recientes reformas legislativas resultan o no adecuadas, lo cierto y verdad es que las mismas constituyen una realidad cuyo estudio minucioso se hace preciso tanto desde el punto de vista procedimental como del cada vez más importante relativo a la responsabilidad civil y penal de los Notarios, baste, para ello, con observar las cada vez más crecientes cifras litigiosidad que, juntamente con otros factores, vienen de la mano de un giro jurisprudencial que, de facto, y ya no sólo en este ámbito aquí objeto concreto de estudio, sino en el general de la totalidad de sus actuaciones profesionales, amplia sus responsabilidades extendiéndola a una exigencia y niveles tales que, en la práctica, las convierte en objetivas, a este respecto, se deja aquí citada su significativa importancia, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1232/2014 de dieciocho de marzo (Sala de lo Civil, Sección: 1, Nº Recurso: 719/2012, Nº de Resolución: 126/2014, Fecha de Resolución: 18/03/2014, Procedimiento: CIVIL, Ponente: Ignacio Sancho Gargallo), en virtud de la cual, que se pasa a citar literalmente, “en un caso como el presente en que el sistema de comunicación entre la notaría y el registro no funcionó, (…) la ignorancia del notario sobre la existencia de esta carga es inexcusable, a los efectos de responder, conforme al art. 146 RN, de los daños y perjuicios ocasionados al comprador.” Se puede consultar el contenido íntegro de dicha Sentencia en su correspondiente enlace en la red: http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/NOTAS%20DE%20PRENSA/TS%20Civil%2018-03-2014.pdf .

Pues bien, teniendo en cuenta la auténtica naturaleza que se atribuye en la actualidad, por nuestro Tribunal Supremo, a la responsabilidad profesional de los Notarios, llega a resultar particularmente llamativo, por convertir esta profesión, en dicho aspecto, en un quehacer de altísimo riesgo, el hecho de que la nueva legislación haga recaer, sobre los Notarios, la sumamente gravosa función de encargarse de la supervisión y tramitación del antaño procedimiento de jurisdicción voluntaria relativo a la protocolización de los testamentos ológrafos, pues ésta arroja sobre sus espaldas la asunción de gravísimos riesgos derivados no ya sólo de la falsificación en sí misma considerada de la escritura y de la firma, sino, incluso, del propio soporte en que las mismas se contienen.

Pasemos, una vez realizado dicho preámbulo, a las eventuales responsabilidades en que el Notario podría incurrir en caso de que sean falsas la escritura o/y la firma que, en el testamento ológrafo, se atribuyen a la persona que, en éste, aparece como su otorgante…

Desde luego el art. 62,5 de la Ley del Notariado no introduce, precisamente, claridad ni, tampoco, seguridad jurídica para delimitar las escurridizas lindes de las expresadas responsabilidades:

“En el día señalado, el Notario abrirá el testamento ológrafo cuando esté en pliego cerrado, lo rubricará en todas sus hojas y serán examinados los testigos. Cuando al menos tres testigos, que conocieran la letra y firma del testador, declarasen que no abrigan duda racional de que fue manuscrito y firmado por él, podrá prescindirse de las declaraciones testificales que faltaren.”

Ante el contenido de tal precepto, se nos plantean las siguientes cuestiones que, ante su indefinición, quedan en el aire, sujetas, en su respuesta, al laxo albur de las múltiples y controvertidas interpretaciones que, de aquél, se puedan realizar del mismo:

1º.-/ Es evidente, a la luz de la ciencia pericial caligráfica, que, a no ser que haya visto el mismo a quien aparece como testador cumplimentar de su puño y letra la escritura y la firma que al se atribuye en el documento ológrafo otorgado por el mismo, ningún testigo que carezca de un nivel suficiente de conocimientos técnicos en dicha disciplina, así como de documentos indubitados que le permitan realizar un oportuno y eficaz cotejo de firmas y escrituras dubitadas con indubitadas, puede afirmar “que no pueda abrigar duda racional” acerca de su autoría, pues, incluso, cuando se trata de Peritos Calígrafos emitiendo sus respectivos Informes, existen, en ocasiones, notables divergencias entre ellos mismos, y así se puede comprobar que no resulta ni muchísimo menos extraño que, en un mismo procedimiento judicial, se expongan y defiendan muy distintos e incluso contradictorios criterios técnicos en cuanto a la autoría de escrituras y firmas manuscritas obrantes en documentos presentados en autos. Es más, no resulta, tampoco, ni muchísimo menos, infrecuente, que los propios Peritos no puedan llegar a alcanzar el nivel de seguridad que el antedicho precepto legal exige.

2º.-/ Así pues, y aunque nada diga la Ley al respecto, en todos los casos que no vengan cubiertos por los antedichos presupuestos recién referidos en el anterior punto, o incluso en aquéllos en que sí lo sean pero, aun así, no convenzan las antedichas manifestaciones de testigos al Notario, debe éste solicitar Dictamen razonado en forma de Informe a un Perito Calígrafo debidamente cualificado que le asesore técnicamente acerca de la autoría de dichas firma y/o escritura manuscrita, evitando así tener que quedar sometido, por la negligencia derivada de su falta de previsión, a la consecuencias de no haber evitado, con una simple consulta a un profesional, la puesta en acción de una peligrosa ruleta rusa de innecesarios y graves, pero del todo evitables, riesgos que puede terminar conllevando, para el mismo, la declaración de su responsabilidad civil e, incluso, dependiendo de las circunstancias, aunque con menos probabilidad, penal.

3º.-/ Por otra parte, y aunque nada diga, tampoco, la Ley al respecto, se debe tener en cuenta que las dudas que, al Notario, se le planteen al Notario no vengan o no sólo vengan referidas a la autoría del texto manuscrito del testamento ológrafo a protocolizar por el mismo y/o de la firma que suscribe aquél, sino que, por otra parte, se susciten con respecto al propio soporte en que se encuentren el testamento ológrafo recogido.

Es más, como quiera que, al igual que el Notario ni, tampoco, los testigos no tienen por qué tener conocimientos científicos que le permitan hacer una valoración técnica acerca de la autoría o no autoría de una firma o un texto manuscrito, no puede sino resultar que, tampoco, los tienen para poder descartar una eventual manipulación del documento para cambiar, de manera interesada, su contenido, ante lo cual, nuevamente, lo más sensato, y ello atendiendo a los mismos ya expresados criterios al respecto referidos al anterior punto, es acudir al fiable diagnóstico de un profesional de la Documentoscopia que realice un Informe Pericial “ad hoc”.

Ese profesional puede o no ser un Perito Calígrafo, pues, en sí, la Pericia Caligráfica y la Documentoscopia se trata de dos disciplinas independientes, complementarias sí, mas, en todo caso, distintas; de cualquier manera, y al objeto de simplificar y abaratar las consultas referidas a ambos campos, conviene que la designación que, por el Notario, se efectúe recaiga, para la resolución de ambas cuestiones, en un único profesional Perito Calígrafo y Documentoscópico que pueda ejercer tanto una como otra disciplina.

4º.-/ Sentado lo anterior, se nos plantea la cuestión de cuáles deben ser los criterios que guíen la forma de elección, por el Notario, de dicho Perito que le asista técnicamente, ante lo cual, se entiende por el suscribiente, como decisión más lógica, y en ello en aras a otorgar la máxima fiabilidad a su labor de tramitación, supervisión y control del procedimiento de protocolización del testamento ológrafo, la de elección de un Perito que reúna, siempre y cuando ello sea posible, los requisitos de estar en posesión de un Certificado AENOR que avale su alto nivel de profesionalidad y de un seguro de responsabilidad civil con el que pueda hacer frente, en su caso, a eventuales responsabilidades civiles derivadas de su actuación como Perito.

Vicente Rodríguez Daza

Secretario